La Ordenanza Municipal para la Erradicación de la Infravivienda contempla subvenciones de 30.000 euros para rehabilitar y modificar estas fincas. Los presupuestos municipales de 2014 deberían contemplar
una partida de dos millones de euros para paliar esta situación.
Teófila Martínez ha de cumplir con lo regulado en esta Ordenanza, aprobada por el
Ayuntamiento en junio de 2006. La normativa
contempla una
inversión municipal para este fin con
subvenciones de 30.000 euros para cada actuación que vayaen camino a la erradicación de la infravivienda.
Cada año en los presupuestos municipales se contempla una partida de
240.000 euros para esta finalidad. Partida que no se ejecuta. Por eso, no sólo hay que ejecutar la partida presupuestaria, sino también incrementar a dos millones de euros en los presupuestos municipales de 2014. Sólo de este modo, el gobierno municipal estaría aportando su grano de arena para terminar con fincas en una situación absolutamente precaria, de inhabitabilidad e inseguridad.
El incremento de la partida presupuestaria y su ejecución vendría a paliar dos de los mayores
problemas de la ciudad. Por un lado, la vivienda y las condiciones en las que
viven sus ciudadanos. Por otro lado, el desempleo. En la actualidad, una parte
importante de los desempleados gaditanos provienen del sector de la
construcción. Esta medida favorecería la actividad económica y la contratación
de estos desempleados.
Falso compromiso del PP
El PP dirige nuestra ciudad, con medidas que no se
ejecutan, con partidas que aparecen en los presupuestos pero no se traducen en
iniciativa real. Falsa medidas que solo sirven para el golpe de
efecto. De este modo, desde su aprobación, la
Ordenanza municipal no ha servido para su fin, al no haber destinado el
presupuesto necesario para ello.
El gobierno municipal evade
su compromiso apoyándose en la aprobación por la Junta de Andalucía del Decreto de 1999 para la creación la Oficina de rehabilitación del casco histórico. Un argumento “falaz”, ya que nunca ha sido incompatible
la actividad que la Junta de Andalucía pudiera llevar a cabo este tipo de
actuaciones en nuestro casco histórico con la clara voluntad política, si en
algún momento hubiera existido, del equipo de gobierno a aportar su grano de
arena en la erradicación de la infravivienda. De ahí que parece contradictorio
que se aprobara esta Ordenanza en 2006, aún estando ya creada la Oficina de la
Junta, y que la Ordenanza solo contemplara medidas para el año 2007-2008.
Grito ciudadano
Creo que Teófila Martínez tiene la obligación de
velar por el bienestar de los gaditanos, ya
que cientos de familias viven en
estado
de abandono y en condiciones lamentables e inhumanas.
Casa apuntaladas, fincas en estado ruinoso con problemas de seguridad y hacinamiento
familiar. Una situación que se ha agravado en
estos últimos años con la crisis, que ha provocado que numerosas familias jóvenes
tengan que regresar a casa de sus padres e incluso de sus abuelos.
Lo peor es que la desesperación
en la que viven inmersos muchos ciudadanos gaditanos no es nueva para el Ayuntamiento,
puesto que las asociaciones de vecinos del casco histórico ya la han denunciado
en reiterada ocasiones. Un grito al que se ha unido estos días la Asociación
Pro Derechos Humanos. No obstante, es una situación que diezma el casco histórico,
especialmente, en el Mentidero, San Juan y La Viña.
La Alcaldesa no puede seguir mirando ni
un minuto mas para otro lado, y desde la iniciativa municipal, con la inversión
que requiere una situación tan lamentable en el siglo XXI, debe destinar los
recursos municipales a transformar esa realidad en otra, en la que merecen
nuestros vecinos, y dar la orden para que los presupuestos de 2014 contemplen
esa partida de dos millones de euros y se ejecute.