Ayer leía en Cádiz Directo la noticia del buzo que fue multado por la Delegación Provincial de Cultura por haber "expoliado" setecientas ánforas romanas. Mal, muy mal, su proceder. Pero lo que más me asombró fue que en la información se reflejará la denuncia de Adolfo Bosch -así se llama-, de que "no le dejan ver el expediente administrativo tramitado para imponerle la multa de 105.000 euros", que ahora, años después, se ha elevado a 180.000.
No me extraña. Conozco otros casos en los que la Delegada o Delegado de turno privan a una de las partes acceder al expediente. ¡Menudo ejercicio de transparencia! Sin ir más lejos en mi propia Delegación, donde la Delegada Provincial o Territorial, como narices se llame ahora, ha impedido que se acceda a la vista de un expediente administrativo, aun habiéndolo solicitado la persona afectada en varias ocasiones. Tiro la piedra y escondo la mano, por deseo expresó de algunas de las personas afectadas.
Nuestra Constitución proclama el derecho de todo ciudadano "al acceso a los archivos y registros administrativos". Que no es otra cosa que el acceso a la información y la obtención de copias de lo actuado por la administración, sobretodo, porque ésta también se equivoca, y entre el error, la equivocación y la intencionalidad en la misma, hay una línea muy fina con los comportamientos subjetivos que acarrean otro tipo de responsabilidad. Es por ello que no alcanzo a comprender ni comparto tanto secretismo. Por eso cuando se trata de sanciones pecuniarias, como la informada por Cádiz Directo, o de decisiones sobre gestión de personal, la transparencia debe ser absoluta. Lo contrario daría credibilidad a la arbitrariedad, al "a este o a esta ni agua porque no son de los míos o de aquel".
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