jueves, 12 de septiembre de 2013

Ignacio Romaní, implicado en el lío político de Zona Franca


Hoy nos desayunamos con la noticia de que Ignacio Romaní, militante del Partido Popular, Teniente de Alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz, Diputado provincial y hombre de confianza de Teófila Martínez ha sido citado como imputado por la jueza del caso Quality. Si lo recuerdan, porque es un lío de ya largo y complejo recorrido, se trata de un caso de quebranto millonario de fondos públicos en Zona Franca. En un resumen muy apretado, de la compra fraudulenta de acciones de esta empresa por valor de cinco millones cuatrocientos mil euros cuando un peritaje independiente las valoraba en un millón cuatrocientos mil. O sea, cuatro veces más de su valor real. El principal encausado es el ex gerente del Consorcio de la Zona Franca Miguel Osuna que se encuentra en el centro de un este procesal y político.

Desde que estalló este escándalo, y otros también en Zona Franca que no conviene olvidar, la alcaldesa de Cádiz se escudó en su ausencia de responsabilidades ejecutivas desde la presidencia del consorcio para decirnos eso de "¡Yo no sabía nada y no decidía nada!. Esta defensa de su persona era y es un arma de doble filo. Porque si en principio le colocaba una cierta línea de seguridad en torno a su persona, de otro lado dejaba al descubierto a otros miembros de la corporación municipal que sí tenían responsabilidades de ese tipo. En concreto Ignacio Romaní que era, lo es en la actualidad también, miembro del consejo ejecutivo de la Zona Franca. Y como tal miembro actuó, mediante su voto afirmativo, en la realización de esta nefasta operación de negocios. Una operación que de entrada ha costado esos más de cinco millones de euros. Así están las cosas, Teófila tratando de irse de rositas y Romaní caminito del juzgado a declarar, cosa que sucederá el próximo 27 de septiembre, no sin antes recordar que ya declaró en el Juzgado a finales de junio en calidad de testigo. Desconozco si habrá más cuestiones en su imputacion, que el simple voto favorable en el comité ejecutivo, porque levanta muchas sospechas que tras declarar como testigo ahora la jueza, tras oirle, cambie su situación procesal como imputado. Parece que algo interesante habrá dicho en sede judicial para que la jueza ahora lo impute. 

Como siempre, primero la presunción de inocencia, pero la madeja está enredada y la justicia anda en la labor de aclarar este quebranto de dinero público de forma inexorable. Por mi parte tan sólo desearle a Ignacio la misma justicia rápida, eficaz e igualitaria que él desea a los demás.

Os dejo con el enlace de la noticia magníficamente redactada por Silvia Tubio:

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