El Ayuntamiento de Cádiz y las "facturas en el cajón"

Durante semanas José Blas Fernández -concejal de Hacienda- ha negado la existencia de facturas sin reconocer o sin consignación presupuestaria. Gastos provocados por un "házmelo que ya veremos cómo te lo pagamos". Hace dos semanas que el portavoz socialista denunció la existencia de un reconocimiento de cinco millones de euros correspondiente a un factoring con la antigua empresa de limpieza viaria de la ciudad. Una deuda contraída, que mediante esta fórmula se debe ahora a una entidad financiera. Para quien no lo conozca, el factoring es una fórmula de financiación muy utilizado por las empresas, sobretodo, cuando la deuda corresponde a una administración pública. De este modo, la empresa "vende" esas facturas a una entidad financiera, que será a quien la administración tenga que abonar las mismas. Es una cesión del crédito a cobrar por la empresa, en este caso, por FCC a un banco. Pero el portavoz municipal añadía que según los últimos datos aportados a finales de 2013 por la intervención municipal, se trata de un factoring sin recursos. Lo dijo con extrañeza, o eso pareció. Pero ésto sólo significa que en el supuesto de que el Ayuntamiento de Cádiz no abonara las facturas a esa entidad bancaria, ésta asume el riesgo, y por lo tanto, no podrá reclamar cantidad alguna a FCC.

Incremento del endeudamiento financiero

Así, en principio y durante años, estos cinco millones de euros han aparecido en la contabilidad del Ayuntamiento en la partida correspondiente a la deuda comercial. Esto es, en el pendiente de pago con proveedores. Según versión oficial, ha sido el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el que ha advertido al gobierno municipal que esta partida debe aparecer en el endeudamiento financiero. Sea como fuere, lo importante es que según los datos que tenemos hasta el momento, doscientos veinticuatro millones de euros (224) debe el Ayuntamiento de Cádiz a las entidades bancarias -incluido el factoring-. Vamos, una burrada. Una cifra jamás conocida. Una cifra inasumible por las arcas municipales. Me da igual el lugar en el que reconozcan el factoring. Puesto que a esto hay que sumar que en estos momentos hay veintiocho millones de euros pendiente de pago a proveedores. Total, que no hay quien nos baje de los doscientos cincuenta millones de euros entre una cosa y la otra.

Facturas guardadas en el cajón

Aunque ninguna administración pueda tener facturas de este tipo, el Ministerio en 2004 en su instrucción sobre contabilidad local, estableció una cuenta que permitía incorporar a ella las facturas que estuvieran pendientes de aplicación presupuestaria. En cierto modo, reconocía que aún cuando los ayuntamientos no pudieran hacer encargos sin presupuesto, esto podría ocurrir. Y aunque José Blas Fernández lo haya negado, ha pasado en el Ayuntamiento de Cádiz. Y no con el gobierno socialista de Carlos Díaz, como suele afirmar, sino con el suyo, del que es responsable económico desde 1995. Así tras la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2012 y con la puesta en marcha del Segundo Plan de Pago a Proveedores en mayo de 2012, afloraron en el presupuesto de 2012 cinco millones cuatro cientos mil euros (5.400.000 euros) de "facturas y gastos pendientes de reconocer de ejercicios anteriores". Deuda contraída con proveedores sin esperanza alguna de cobrar. Esto fue denunciado por el grupo municicpal socialista en junio de 2012. Estas facturas se reconocieron en ese segundo plan de pago de proveedores, entre los setenta y dos millones (72) de euros para los que se solicitó ese préstamo bancrio. No haberlas reconocido, hubiera supuesto que esta deuda no hubiera entrado en ese plan de pago y que esas facturas se hubieran mantenido en el tiempo, provocando un grave perjuicio a esas empresas. 

Asi que por mucho que diga el gobierno municipal, en los documentos está, al menos con certeza la cantidad que había a esas fechas. De ahí en adelante, dato desconocido por los grupos de la oposición. Si no las hay, si las hay y, en este caso, la cantidad. Es la incóginta que tiene que resolver el gobierno municipal, con documentos. Por responsabilidad, por rigor en la gestión y por los perjuicios que provocan, no debería haberlas...

Ahí estan los documentos.