Movilizaciones de los trabajadores de salvamento y socorrismo

1 de julio. Esa es la fecha de inicio de las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras del servicio de salvamento y socorrismo. Y el gobierno municipal y la Alcaldesa mirando para otro lado. Incompetencia pura y dura. No recuerdo un año que no se haya iniciado el servicio con la fecha de inicio de la temporada pisando los talones. No ha habido temporada en la que no se haya planteado "movida" por las condiciones laborales de los trabajadores o por los elementos materiales que cubren el servicio. 

Hace tres semanas la Alcaldesa reconoció deficiencias en el servicio, que aún persisten, según las declaraciones del Presidente del Comité de Empresa, Francisco González. Por eso, si en un primer momento se admitieron los incumplimientos ¿por qué ahora no se escucha a quienes denuncian con la única motivación de que el servicio se preste en las condiciones previstas en el pliego? De verdad, no sé a quien beneficia la fe ciega en la empresa.

Por eso, la alcaldesa tiene el deber de atender a los socorristas para evitar tragedias. Porque estoy segura de que los socorristas actúan de buena fe y sólo buscan la seguridad de los usuarios. Por ejemplo, cuando denunciaron que a finales del mes de mayo se dejaron sin cubrir servicios en la Playa Victoria, mientras que en la Playa de La Caleta se dispusieron más efectivos de los necesarios. Un hecho gravísimo, que supone un incumplimiento por parte de la empresa, sancionable según el pliego de condiciones.

Un servicio que cuesta a las arcas municipales anualmente 540.000 euros y que está adjudicado hasta el verano de 2018, si se producen todas las prórrogas contempladas en el pliego de condiciones.

Veto a la información

El pliego de contratación recoge que entre las infracciones graves, el hecho de "dar información relativa al servicio a terceras personas o a los medios de comunicación, sin la autorización por parte de la Dirección Municipal”. Impone un pacto de silencio, en principio, aplicable a la empresa, pero extensible a los trabajadores. Esto demuestra que el equipo de gobierno está muy preocupado por ocultar la realidad de las carencias y penaliza la transparencia frente a la ocultación de  información”.