El gobierno municipal ha convocado para mañana, miércoles 18, un pleno extraordinario para aprobar la modificación de las condiciones financieras del préstamo correspondiente al Segundo Plan de Pago a Proveedores, con un importe de 69 millones de euros.
Las medidas que suponen una "huida hacia adelante", puesto que el gobierno municipal no tendrá que hacer frente a la devolución del capital correspondiente a este préstamo durante este año. Pero sí tendrá que pagar los intereses del mismo. Claro está, que teniendo en cuenta que 2013 se cerró con 216 millones de euros de enduadamiento financiero, se tome la medida que se tome, el pastazo a pagar a los bancos está asegurado. Asi que al gobierno municipal no le queda otra. Tiene, como sea, que coger oxígeno, financieramente hablando. Y eso es lo que le ha llevado a acogerse a las nuevas condiciones para la devolución de este préstamo, una vez que el Ministerio de Montoro lo ha autorizado.
La letra pequeña de las nuevas condiciones
La letra pequeña de las nuevas condiciones
Pero oculta el PP una condición para poder dar el paso adelante. Y es que el Ministerio obliga a aquellos ayuntamientos que ya tuvieran un Plan de Ajuste aprobado, como en el caso de Cádiz, a modificar éste y establecer aquellas medidas que garanticen que el Ayuntamiento hará frente al pago con las entidades finacieras. Y esta es la letra pequeña que no se quiere contar.
La modificación que el PP aprobará mañana -espero que no cuente con el voto del grupo socialista- supondrá el mantenimiento del incremento del IBI que se acordó para 2012 y 2013, asegurando así la subida que ya se produjo en aquel año. Supondrá el incremento de las tasas y los precios públicos correspondiente al servicio de recogida de basuras y gestión de residuos, a los servicios deportivos, a los servicios culturales, al servicio de guardería y al servicio de transporte urbano. Así es. Porque la política del PP en los últimos tres años es la de recaudar lo que cuestan los servicios públicos que se prestan desde el Ayuntamiento. Su política es "quien paga, existe". Y por lo tanto, sólo se han de prestar desde el ámbito público aquellos servicios que los usuarios son "capaces" de financiar. Tan sencillo como eso. Y tan de derechas como lo que cuento.
Miente José Blas Fernández
Miente José Blas Fernández

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