Delito contra el patrimonio en Ruiz de Bustamante: lo que no hizo el PP

Esta semana se confirmaba la condena a los responsables del derribo de la finca del siglo XVIII situada en la calle Ruiz de Bustamante número 4. Han sido condenados por delito contra el patrimonio los arquitectos y el gerente de la empresa encargada de la obra. Una sentencia, a mi juicio, histórica en la ciudad, puesto que el expolio de nuestro patrimonio se ha hecho durante años sin que nadie, o mejor dicho, a casi nadie le importara un bledo.

Me explico. La aberrante situación fue denunciada por los vecinos de la finca colindante en julio de 2007. Se personaron en la delegación de urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz y ante la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y ni caso. Hasta que no tomaron la decisión de denunciar públicamente el expolio de los elementos arquitectónicos de la finca y del derribo del patio barroco, el anterior equipo de gobierno no hizo 'na'. Así que tras hacerse pública la situación de la obra, el PP decidió sancionar a la constructora con una multa de 15.000 euros, previo acuerdo con aquella. ¡Increíble el comportamiento del anterior gobierno municipal! ¡Eso es lo que costaba para el PP un "crimen" contra el patrimonio de tal calibre! 

Ante la indecente decisión, en junio de 2008 el grupo socialista decidió llevar el asunto a la Fiscalía y ésta, en enero de 2009, elevó el asunto a los tribunales a fin de que se incoaran diligencias de investigación, lo que no impidió que el PP en la modificación del PGOU rebajara la protección de esta finca. Así apareció en la prensa en 2010.

Este es un ejemplo más de lo que importaba a Ignacio Romaní el patrimonio en esta ciudad. Sí, el portavoz del PP que ahora anda tan preocupado por 'to' o eso quiere aparentar, siendo concejal de Urbanismo le importó un bledo que Cádiz fuera expoliada. 

Frente a este personaje, mi compañera Marisa de las Cuevas que luchó y llevó el asunto a la Fiscalía, que denunció la actitud vil del gobierno del PP rebajando la protección de la finca, que se indignó, y mucho, con la ridícula sanción impuesta por el Ayuntamiento a la constructora. Ahí está la hemeroteca

Esta semana cuando se conocía la confirmación de la condena, nadie se acordó de esa lucha. Ni uno solo de los medios de la ciudad hicieron referencia a la constancia de Marisa, de que fue ella quien llevó el asunto a la Fiscalía. Ninguno de los concejales y concejalas del grupo socialista se congratularon por esa condena, al menos, por lo que supone para la ciudad y para su patrimonio, ninguno de ellos y ellas se acordaron de las acciones que se llevaron a cabo por aquel grupo de compañeros y compañeras. Seguramente por ignorancia, por desconocimiento. Lo dejo ahí.