jueves, 4 de julio de 2013

La decisión de la jueza Alaya



Vaya por delante que soy de las que opina que la justicia tiene que hacer su trabajo. No me valen las excusas cuando se trata de corrupción política. Todos debemos aprender de estas situaciones, porque no sólo conllevan que la ciudadanía esté harta de la clase política, sino que realmente la democracia se resiente. Por eso ante la corrupción no vale el "y tú mas" o "los tuyos son corruptos pero con los míos miro para otro lado". Tampoco me valen declaraciones como las efectuadas el pasado martes por Mario Jiménez, de la causa general contra el PSOE, aunque sea enorme la "casualidad" en el tiempo político con los autos más editoriales que judiciales de la jueza Ayala. 

Ayer escuchaba a Martín Pallín en la cadena Ser reseñando que el auto dictado el pasado viernes podría ser nulo porque los imputados no pueden conocer a través de él de qué se les acusaba. No se refiere ni una sola vez los delitos por los que se les imputa. Madre mía, indefensión en toda regla, o así lo creo. Pero además, sustenta la jueza en sus seis escasos folios en señalar el uso indebido de transferencias de financiación a través de modificaciones presupuestarias le hacen pensar que hubo participación por quienes tenían las competencias en la gestión económica de estos fondos, bien en calidad de Consejera de Economía como el caso de Magdalena Álvarez o como en el caso del Director de Finanzas de IDEA en esos años, todo ello basado en el déficit de financiación que se produjo en esos fondos. ¿Cómo? Ahora el déficit presupuestario es delito y yo sin enterarme. ¿Las modificaciones presupuestarias y las transferencias de crédito son delitos? Pues entonces pido al Ministerio de Justicia que intervenga, traslade al partido judicial de Cádiz a la jueza Alaya, y que ésta dedique parte de su tiempo laboral en la gestión económica del Ayuntamiento de Cádiz en el que todos los meses ocurren estas y otras cuestiones en el ámbito del presupuesto municipal. 

Me parece desmesurado el auto. Me parece criminalizar la actividad ordinaria en la gestión presupuestaria de cualquier administración. Y con ello no quiero excusar la situación, parece que por el camino en estas subvenciones, ayudas o llámese como se quiera se quedaron por el camino 124 millones de euros, y eso merece todo el reproche penal, pero de ahí a imputar a quienes gestionaban el presupuesto como se efectúa en cualquier administración... Lo dicho una barbaridad.

Pero qué se puede esperar de quien inicia su auto diciendo "se considera por esta instructora que ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas", frase que a mi, por lo menos me ha impactado porque de paso cualitativo nada, será cuantitativo por el número de personas a las que imputa en seis folios. Pero que se puede esperar de quien imputa y tarda un año en tomar declaración a sus imputados, como ocurrió con Antonio Fernández. Y supongo que volverá ocurrir, porque termina la jueza diciendo que se cite a uno de los imputados para el dia 4, a otro para el dia 25 y a los demás (18) se les ira citando en función de la agenda de la instructora.... No dudo que estará muy ocupada, pero mucho me temo que la declaración de Magdalena Álvarez, sino se declara nulo el auto, será para semanas antes de las elecciones europeas. 

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