Revolving door ¿hay derecho?

Esta mañana, camino al instituto, escuchaba en la Cadena Ser la entrevista que Pepa Bueno le hacía a Elisa de la Nuez. Formulaba esta jueza el malestar que existe en la magistratura con el tratamiento en la carrera judicial que reciben aquellos y aquellas que durante un tiempo deciden dedicarse a la política. Se debaten los pros y contras del "Revolving door" (puerta giratoria) en la carrera judicial explicado en su blog "¿Hay derecho?. Éstas ya no sólo se plantean cuando el político o política pasa a ser miembro de un consejo de administración de una empresa "influyente", sino que también pueden suponer una medida de desigualdad para los jueces que se mantienen "firmes", instruyendo y dictando sentencias, que alguien que haya ejercido durante años puesto de carácter político, este tiempo le pueda servir en el ascenso en la carrera judicial. Los ejemplos los pone ella en su blog.

Pero, este hecho me recordó que hubo un tiempo en este país en que la gran mayoría de dirigentes políticos pertenecían al colectivo de docentes. Aún sigue siendo así. Y claro en nuestra profesión también se dan privilegios para aquellos y aquellas que ejercen la política. Así, "un poné". Una profesora, que durante cuatro años es Directora General y posteriormente Delegada Provincial, resulta que cuando regrese a la docencia habrá consolidado nivel de complemento 30 en la administración pública. Esto supondrá una mayor remuneración que sus compañeros y compañeras de instituto. Traducido resultará unos 400 euros al mes más. Todo por haber desempeñado un puesto político. Otro "poné". Un maestro que durante años es senador, parlamentario, etc, resulta que aún no desempeñando puesto en la administración pública, pero por el hecho de tener la condición de funcionario público, los años de ejercicio político le computan para seguir aumentando los trienios y cobrando los mismos. Traducido resulta unos 5.500 euros al año por trienios. 30 años de servicios sin pisar la escuela.

Estas y otras cuestiones son las que la ciudadanía desconoce. Y nunca se han planteado abiertamente. No son ilegales. ¿Cómo van a serlo? si quienes redactaron las normas son los primeros en beneficiarse de ellas y cuentan con otra ventaja ¿quién lee el BOE, el BOJA o el BOP?