Montoro: ojos que no vieron...

Aquí están. Todos reunidos. Foto del momento álgido del Partido Popular. Cuando copaba casi todas las instituciones. Es verdad. Tiene razón Montoro. Su función como responsable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y por ende del cumplimiento del pago a proveedores, es la de exigir a los ayuntamientos morosos que cumplan con los plazos establecidos en la Ley de Morosidad de 2010. A partir del uno de enero de 2013 las administraciones debían abonar sus facturas en el plazo de treinta días. Ni por asomo el anterior gobierno municipal cumplió con esta exigencia. Por lo tanto, hay que tener cara para después de haberlo permitido todo, venir ahora con las exigencias en el cumplimiento en el pago de proveedores. 

Montoro permitió con toda la información en su poder que Teófila Martínez y su equipo se saltara ese plazo a su antojo. Y digo con toda la información porque la Ley de Morosidad de 2010 estableció que las administraciones debían elaborar un informe de morosidad trimestralmente y éste debía ser remitido al Ministerio. Así que ahora Montoro no se puede hacer el "tonto". 

Curiosos los datos. En diciembre de 2012 el periodo medio de pago en el Ayuntamiento de Cádiz era de 378 días. En diciembre de 2013 éste era de 295 días. Y en diciembre de 2014, de 234 días. Y ni 'mú' dijo Montoro. Para colmo, no sólo se incumplía el plazo establecido legalmente, sino que también se incumplía el acuerdo plenario expresado en la aprobación del Plan de Ajuste y las reiteradas modificaciones de éste. La última, la adoptada en el pleno extraordinario de junio de 2014. En aquella ocasión el gobierno municipal solicitaba la ampliación del período de carencia de los préstamos suscritos por el Ayuntamiento de Cádiz en 2012. De este modo, el gobierno municipal consiguió retrasar en un año la devolución del capital de los setenta y dos millones solicitados en ese año. A cambio, el gobierno municipal se comprometía a cumplir con el plazo de pago a proveedores previsto en la ley de morosidad. Esto escribía en junio de 2014, durante la celebración de aquel pleno. O en diciembre de 2013 ésto cuando se aprobaba el tercer plan de pago a proveedores.

Como digo, y aunque me parezca de 'caradura", tiene razón Montoro. Lo que ocurre es que no se a dónde quiere llegar. Si está pensando realmente en hacer efectiva la advertencia, los cuarenta y cinco municipios que han recibido la misiva corren un serio riesgo de terminar intervenidos o casi intervenidos, como ya le pasó al Ayuntamiento de Babarte. Pero, si está pensando en los efectos electorales que tendrá la "cartita", para mí que erra en la intención. Todos y cada uno de los Ayuntamientos de signo político diferente al del gobierno central saldrán como ha salido el de Cádiz o el de El Puerto de Santa María, poniendo sobre la mesa del debate público la torticera intencionalidad del ministro y, por supuesto, no conseguirá que la ciudadanía concluya que los nuevos gobiernos no tienen ni idea de cómo gestionar las cosas del día a día, esto es, las arcas municipales. Que por otro lado es lo que ocurre.